La prórroga de Eurovisión a España demuestra que necesita a los grandes mercados

Treinta y seis países suena a triunfo. Entonces, ¿por qué la línea más interesante del anuncio de la Unión Europea de Radiodifusión se refiere a un país que no aparece en la lista?

La UER confirmó el miércoles que 36 radiodifusoras enviarán artistas a Burgas, en Bulgaria, para la 71.ª edición, con semifinales el 11 y el 13 de mayo y final el 15 de mayo de 2027, según informa 20minutos. En el mismo comunicado explicó que RTVE (España) y RTVSLO (Eslovenia) aún no han decidido y que, dada la complejidad del asunto, ambas tienen de plazo hasta diciembre para confirmarlo.

Mientras tanto, Irlanda y los Países Bajos han confirmado que se quedan fuera. El caso neerlandés es el más confuso: la NPO dio marcha atrás después de insinuar primero su regreso, y alegó que no había apoyo suficiente. Islandia tampoco figura en la lista, aunque la resolución de su consejo de no participar no se ha hecho oficial.

Un plazo que se amplía deja de ser un plazo

Los organizadores no suelen mover el calendario por un país que consideran prescindible. Ampliar el margen para España, y para Eslovenia, nos parece una admisión tácita: este concurso quiere a España de vuelta y prefiere esperar antes que anunciar un cartel sin ella. Es comprensible. España es uno de los grandes mercados, y un cartel sin ella queda más flojo.

Pero tiene un coste. Cada prórroga le dice al resto de las televisiones que la fecha es blanda y que dudar se premia con atención. Un concurso que se presenta como el mayor evento de música en directo del mundo no debería negociar su cartel en público.

La participación no es una ficha de negociación

Aquí nos separamos de la lectura cínica. El boicot por la presencia de Israel no es una estrategia de precios; para RTVE fue una decisión política, y la carta de unos 400 trabajadores de medios públicos neerlandeses muestra hasta dónde llega la convicción. Nadie debería reducir eso a una maniobra negociadora.

Nuestro argumento es más acotado. Decida lo que decida una televisión, la decisión debería tomarse una vez, por principios, y no dejarse como una amenaza abierta que mantiene a todos en vilo hasta el último mes. Los propios vaivenes de RTVE, con un debate del consejo aplazado en septiembre y una propuesta de mantener la retirada, han hecho que la posición de España parezca una carta siempre sobre la mesa. Eso no beneficia ni al público ni a los artistas, que no pueden preparar una selección nacional en torno a un quizá.

Y la UER comparte la culpa. Si la participación se puede recuperar a base de más tiempo o de retoques en las normas, las televisiones seguirán usándola como palanca. Es una respuesta racional a los incentivos que ella misma ha creado.

Lo que cuestan de verdad las sillas vacías

Martin Green, director del concurso, ha defendido el festival como algo importante en un mundo dividido. Le creemos, y por eso mismo duelen las ausencias: el argumento a favor de un escenario compartido se debilita cada vez que un miembro fundador, como es el caso de los Países Bajos, se queda fuera. Contar países es una defensa débil cuando algunos de los nombres más grandes son los que dudan.

Nuestro veredicto: España debería responder mucho antes de que acabe diciembre y explicar por qué, sea cual sea su decisión. La UER debería dejar de hacer excepciones y decir claramente qué hará si los grandes mercados se quedan fuera. La claridad dolería menos que otro mes de suspense, y el concurso, sea cual sea la cifra final, saldría más sólido.